El escritor tibetano Lobsang Jamyang, también conocido por su seudónimo Lomik, fue detenido por las autoridades chinas el 17 de abril de 2015 mientras asistía a una clase en su monasterio, en el monasterio de Kirti, en Ngaba, al este de Tíbet (CH: Prefectura Autónoma Tibetana y Qiang de Aba, Provincia de Sichuan). Permaneció ‘desaparecido’ durante un año, no se dio a conocer ni su paradero, ni ninguna información sobre su detención fue entregada a su familia hasta que fue sentenciado el 9 de mayo de 2016 con una sentencia de 7 años y 6 meses de prisión por cargos de «Filtrar secretos de Estado» y «participar en actividades separatistas».
Lobsang Jamyang representa una nueva generación de tibetanos que están pagando un alto precio por la expresión pacífica de opiniones en un clima político en el que casi cualquier expresión de la identidad o cultura tibetana puede calificarse de «criminal». Ha sido descrito como un «escritor prolífico» y se sabe que ha organizado una serie de discusiones en las que participaron otros escritores tibetanos, incluido Druklo (seudónimo: Shokjang), quien cumple una pena de prisión vinculada a sus escritos sobre las fallidas políticas de China en Tíbet.
En el momento de su detención, Lomik estaba estudiando budismo en el monasterio de Kirti, al que se había unido a una edad temprana. El monasterio de Kirti es un monasterio influyente conocido por ser el lugar donde comenzó la ola de autoinmolaciones en 2009 en Tíbet. Lobsang Jamyang también había estudiado en la institución religiosa Larung Gar en Serthar, Kardze (chino: Ganzi) (Provincia de Sichuan) y la Universidad de las Minorías del Noroeste en Lanzhou, según los monjes exiliados de Kirti.
En 2010, Lobsang Jamyang, bajo su seudónimo Lomik, escribió un libro llamado “The Yellow Fog” (La niebla amarilla). También se sabe que ha contribuido con varios artículos en populares sitios web en Tíbet y que son escritos en idioma tibetano, como Chomei, Sangdhor y Tso Ngon.
El Relator Especial de la ONU contra la Tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria han condenado repetidamente la detención secreta e incomunicada como una violación grave de derechos que debería ser proscrita por la ley, y la Asamblea General de la ONU también ha denunciado esta práctica.
